Revista Española de la Transparencia. RET
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Núm. 7. Segundo Semestre 2018
ISSN 2444-2607. Págs. 19-28

Los órganos de garantía ante la revisión judicial de su actuación

RECIBIDO: 31 de diciembre de 2018

ACEPTADO: 31 de diciembre de 2018

Resumen: Los órganos de garantía del derecho de acceso a la información revisan las denegaciones expresas o presuntas de las solicitudes de acceso a la información, aunque la última palabra la tienen los jueces y tribunales en caso de litigiosidad sobre el sentido de sus resoluciones.

En este artículo se aboga por la necesidad de profundizar en el perfeccionamiento jurídico de la tramitación de las reclamaciones y de la fundamentación de las resoluciones de los órganos de garantía, de manera que, en caso de litigio, no se falle en contra de su postura y se pueda defender eficazmente el acceso a la información pública.

Además, se detecta la necesidad de dotar de homogeneidad a la instancia jurisdiccional que debe revisar las reclamaciones de los órganos de garantía, ya que hoy en día existe una amplia dispersión de la competencia para conocer las reclamaciones judiciales en materia de derecho de acceso dependiendo de la naturaleza jurídica del órgano de garantía que las dicta.

Palabras clave: Consejo de Transparencia, Acceso a la Información, Litigiosidad, Reclamaciones.

Contenidos: 1. La centralidad de los órganos de garantía en el sistema de transparencia. – 2. La (inesperada) competencia resolutoria de las reclamaciones. – 3. La (necesaria) auctoritas de los órganos de garantía. – 4. El reto de la revisión jurisdiccional. – 5. El necesario diálogo entre los órganos de garantía y los órganos jurisdiccionales. – Bibliografía.

The warranty bodies front the judicial review of your action

Abstract: The bodies that guarantee to have the right of to access to public information, review the express or presumed denials of requests to for access to information, although judges and courts have the final say in case of litigation over the meaning of their resolutions.

This article argues for the need to deepen the legal perfection of the processing of claims and the basis of the resolutions of the guarantee bodies, so that in case of litigation, there is no ruling against his position and access to public information can be effectively defended.

In addition, the need to provide uniformity to the jurisdictional body that should review the claims of the guarantee agencies is detected, since nowadays there is a wide dispersion of the competence to know the judicial claims regarding the right of access depending on the legal nature of the body guarantee that dictates them.

Keywords: Transparency Council, Access to Information, Litigation, Claims.

Trabajo realizado en el marco del proyecto DER2016-77513-R: «Los retos de la gobernanza para el Derecho administrativo: buen gobierno y buena Administración: su proyección en las políticas públicas», Ministerio de Economía, Industria y Competitividad.

1.      LA CENTRALIDAD DE LOS ÓRGANOS DE GARANTÍA EN EL SISTEMA DE TRANSPARENCIA.

En la medida en que las leyes de transparencia son normas disruptivas respecto a una arraigada tradición de conceptuación patrimonialista de la información en poder del Estado, para su efectividad es imprescindible un elemento de institucionalización, entendido como actor externo y (relativamente) independiente que ejerza de guardián y árbitro del sistema de transparencia.

La mejor prueba de esta afirmación es que a menudo se olvida que en España, desde 1995, existe una ley estatal básica en relación con el derecho de acceso a la información pública, eso sí de contenido medioambiental, ley que además fue renovada en 2006 [2] . Y ambas Leyes en su contenido sustantivo son equiparables a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, y la segunda incluso en algunos aspectos más avanzada, aunque sólo sean porque debían transponer sendas directivas europeas. Sin embargo, estas leyes tenían unos pies de barro: debido al tradicional respeto de las instituciones europeas a la autonomía institucional de los Estados miembros, las directivas europeas no impusieron la creación de un órgano independiente de garantía, y el legislador español, que acostumbra a no añadir una sola coma a aquello que le exige la norma europea, se limitó a remitirse a los recursos administrativos ordinarios [3] . La consecuencia es bien conocida: una ley avanzada pero casi desconocida y menos aún aplicada, y casi exclusivamente a instancia de grandes organizaciones de defensa del medio ambiente, únicas capaces de arrostrar contenciosos ante los tribunales.

Por tanto, la creación y adecuada configuración del órgano independiente no es un elemento más o menos importante, sino que es una pieza angular para el sistema de transparencia pública, y creo que no se puede insistir lo suficiente sobre este punto. Claro está que ello comporta un conjunto de exigencias relativas a la configuración y competencias del órgano, que garanticen la necesaria (y siempre relativa) independencia del mismo [4] . Pero en estas breves líneas no me propongo abordar este aspecto fundamental de los órganos de garantía. El propósito de estas líneas es, más bien, plantear el reto que supone para los órganos de garantía verse revisados por los órganos jurisdiccionales, y el diálogo que entre unos y otros se está ya produciendo. 

2.      LA (INESPERADA) COMPETENCIA RESOLUTORIA DE LAS RECLAMACIONES.

Sinceramente creo que no se supo apreciar (al menos, yo no supe calibrarlo) el impacto en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública de la decisión de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (LTAIBG), de atribuir al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y demás órganos autonómicos de garantía la competencia resolutoria de las reclamaciones. Porque este no era precisamente el criterio imperante en nuestro entorno más cercano, en el que primaba el modelo francés de Comisión de Acceso a los Documentos Administrativos (CADA), la cual formalmente se limita a dictaminar las reclamaciones de los ciudadanos sin efectos vinculantes para la Administración, de modo que en el caso de que la Administración no acepte el dictamen, el ciudadano se ve obligado a recurrir ante el juez de lo contencioso el acto de la Administración, como sucede de ordinario con cualquier actuación administrativa [5] .

Sin embargo, separándose de este modelo, la LTAIBG tuvo el innegable acierto de atribuir a los órganos de garantía la competencia resolutoria de las reclamaciones. Las consecuencias prácticas de esta determinación son un enorme calado: dejando de lado que una parte no desdeñable de las reclamaciones son satisfechas antes de que recaiga la resolución del órgano de garantía, de modo extra-procedimental o por allanamiento del sujeto obligado [6] , lo relevante es que cuando el órgano de garantía estima la reclamación (lo cual sucede en un porcentaje incomparablemente más elevado que en los recursos administrativos ordinarios) [7] , el sujeto obligado, típicamente la Administración pública, se ve abocado a asumir el papel de demandante ante el orden contencioso para defender su posición, situación verdaderamente insólita en nuestra cultura jurídica del acto administrativo ejecutivo. Por su parte, el solicitante no está obligado a personarse en el proceso contencioso, pudiendo confiar la defensa de la resolución que le beneficia al órgano de garantía [8] .

Ahora bien, si la atribución de la competencia resolutoria es muy positiva, la ordenación del régimen de la reclamación contenida en la LTAIBG se ha revelado excesivamente parca, y la remisión al régimen general de los recursos administrativos es disfuncional, pues en tales recursos resuelve la misma Administración que dictó el acto objeto de impugnación (o, excepcionalmente, la Administración matriz de la que depende), de modo que se soslaya la imprescindible colaboración de los sujetos obligados, pero sin que la Ley atribuya al órgano de garantía las imprescindibles potestades para hacer cumplir su actos. Con todo, aun tratándose de una cuestión de enorme interés, no es este tampoco el aspecto que me interesa destacar ahora [9] .

3.      LA (NECESARIA) AUCTORITAS DE LOS ÓRGANOS DE GARANTÍA.

Debido al hecho de que la doctrina jurisdiccional es de creación lenta y muy parcial (pues sólo una pequeña fracción de las resoluciones de los órganos de garantía son residenciadas ante los órganos jurisdiccionales) [10] , en todos los sistemas comparados de transparencia se ha revelado la importancia de la función de los órganos de garantía de orientación a los sujetos obligados -"indirizzo"-, de servir de punto de referencia para la Administración en la difícil y casuística tarea de aplicación de la Ley, pues evidente que los órganos de garantía (sobre todo, en nuestro caso, el estatal) están en condiciones de crear una doctrina administrativa de criterios de interpretación de la Ley, ajustada a la rica casuística, en un plazo relativamente breve.

Ahora bien, para la efectividad de esta función de "indirizzo", por encima de la atribución legal de competencia para dictar instrucciones o criterios generales, es más relevante la auctoritas que a los sujetos obligados merezca el órgano de garantía a partir de su desempeño. Es decir, que los sujetos obligados confíen efectivamente que el criterio del órgano de garantía es el legalmente acertado.

4.      EL RETO DE LA REVISIÓN JURISDICCIONAL.

Como no me cansaré de repetir, el papel de los órganos de garantía es crucial para el sistema de transparencia. Ahora bien, los órganos de garantía deben tener presente que, al fin y al cabo, no son sino órganos administrativos (o equiparados a éstos, en el caso de los órganos dependientes de comisionados parlamentarios), de tal modo que, por mandato constitucional, su actuación está también sujeta al control pleno de legalidad de la jurisdicción contenciosa-administrativa –art. 106.1 CE-, en coherencia con el derecho fundamental de «todos» a la tutela judicial: y aquí se incluyen tanto solicitantes de acceso, como terceros afectados y las propias Administraciones Públicas y demás sujetos pasivos del derecho de acceso. Y este hecho elemental debe ser convenientemente tenido en cuenta.

Curiosamente, esta revisión jurisdiccional da lugar a una influencia mutua entre ambas instancias de garantía. Así, es innegable una cierta influencia de los órganos de garantía en los órganos jurisdiccionales. En tal sentido, es fácil observar la diversidad de aproximación en el tratamiento de los contenciosos sobre acceso a la información pública, según exista o no una previa reclamación ante el órgano de garantía. En efecto, de existir tal reclamación, por lo general, los términos del conflicto quedan perfectamente enmarcados en la lógica de la LTAIBG. En cambio, cuando no existe la reclamación previa, es frecuente que el contencioso se dirima en atención a otras consideraciones legales, sobre todo, de carácter procesal.

Ahora bien, es evidente, que la influencia principal de la actividad revisora es hacia los órganos de garantía, los cuales deben asumir, cuanto antes, que no tienen la última palabra en los conflictos en materia de transparencia, pues, en la medida en que son conflictos jurídicos, su actuación es revisada por los órganos jurisdiccionales, los cuales en unos casos ratifican el criterio del órgano de garantía, en otros, anulan su actuación, y en otros, en fin, suceden ambas cosas en distintas instancias. Y conviene, además, tener presente que los órganos jurisdiccionales no actúan desde una perspectiva unilateral (accesibilidad o no de la información), sino desde un enfoque jurídico global, pues deben garantizar todos los derechos y bienes jurídicos en presencia. Al fin y al cabo, para los órganos jurisdiccionales, la Ley de Transparencia es una ley ordinaria más (ni siquiera orgánica), y el derecho de acceso a la información pública, otro derecho ciudadano más, ni siquiera (oficialmente, al menos) un derecho fundamental. Todo lo cual puede producir, de hecho, está ya produciendo, algunos desencuentros.

Por todo ello, es importante que las resoluciones de los órganos de garantía estén bien fundamentadas en Derecho, y no sean producto de un mero voluntarismo, como, sin embargo, da la impresión en algún caso. A los órganos jurisdiccionales no les bastan las simples apelaciones a un genérico principio de transparencia o al llamado «espíritu» de la Ley [11] .

Pero, sobre todo, al margen de la decisión sobre el fondo del asunto, la sujeción al control jurisdiccional obliga, además, a los órganos de garantía a ser extremadamente escrupulosos en su propia actuación administrativa, esto es en la tramitación del procedimiento mismo de reclamación (p. ej., el respeto al plazo de un mes de preclusión de la reclamación), y, en particular, a respetar el principio contradictorio cuando existen terceros afectados [12] .

Porque lo cierto es que ya existen múltiples sentencias de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional que anulan la actuación del CTBG por omitir la audiencia a terceros afectados, incumpliendo el artículo 24.3 LTAIBG, y ello a pesar de la que Administración hubiese incumplido también dicha audiencia a terceros en el procedimiento de solicitud (audiencia exigida por el artículo 19.3 LTAIBG), pues, según los tribunales, el artículo 24.3 LTAIBG «impone así una obligación al Consejo que está resolviendo una reclamación que es independiente de si el órgano administrativo requerido de información dio o no cumplimiento a la obligación de audiencia impuesta en el art. 19.3» [13] . Doctrina que se ha aplicado incluso a los casos en los que el solicitante reclamó ante el silencio de la Administración, de modo que ésta no sólo incumplió el deber de audiencia a terceros del art. 19.3, sino también los deberes legales de dar una respuesta en plazo a la solicitud, motivarla y notificarla [14] .

Es innegable que este criterio no deja de ser insatisfactorio, pues perpetúa la evidente mala fe de la Administración que incumple el deber de dar audiencia a terceros, para seguidamente alegar ese mismo vicio ante el CTBG [15] . Sin embargo, no puede desconocerse que el órgano jurisdiccional no dispone de otra opción que ordenar la retroacción de las actuaciones, pues en otro caso podría considerarse vulnerado el derecho a la tutela judicial por los terceros no llamados al proceso.

5.      EL NECESARIO DIÁLOGO ENTRE LOS ÓRGANOS DE GARANTÍA Y LOS ÓRGANOS JURISDICIONALES.

Como es sabido, en el caso del CTBG, la competencia para revisar sus actuaciones corresponde a los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, dependientes de la Audiencia Nacional, lo que supone que las actuaciones del CTBG son revisadas por doce órganos judiciales. Por su parte, en el caso de los órganos independientes autonómicos, la competencia orgánica depende de si el órgano dispone o no de personalidad jurídica propia, en cuyo caso corresponde al Juzgado de lo Contencioso de la sede del órgano –art. 8.3 LJCA-. En el caso del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, esta regla competencial supone que su actuación puede verse revisada por cualquiera de los diez Juzgados de lo Contencioso con sede en Sevilla. En cambio, si se trata de un órgano central de la Administración autonómica, o de un órgano dependiente del Parlamento autonómico, la competencia corresponde a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia –art. 10.1.a) y m) LJCA en relación con el art. 8.3-. Esta diferencia de tratamiento no nos parece justificada.

De otro lado, debe significarse que, en el caso del CTBG, la experiencia acumulada hasta la fecha ofrece un alto grado de uso del recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional [16] . Sucede, además, que el recurso de apelación es, en ocasiones, formulado por el CTBG, lo cual es perfectamente comprensible cuando la sentencia del Juzgado anula una resolución del Consejo favorable al reclamante. Sin embargo, en otros casos, el CTBG interpone el recurso de apelación cuando anula una resolución del CTBG desfavorable a la pretensión del reclamante (y hay casos de verdaderos correctivos a la posición del CTBG, p. ej., en la aplicación del límite relativo a la igualdad de las partes en los procesos judiciales). En mi opinión, se trata de una posición discutible, pues la misión institucional del CTBG es promover la transparencia pública (art. 34 LTAIBG). Entendemos que en tales casos debería ser la Administración o sujeto involucrado el que sostuviera su interés en preservar la información de su divulgación, mas no el CTBG, quien debería más bien tomar nota del criterio jurisdiccional más favorable a la transparencia pública que el mantenido inicialmente por el propio CTBG [17] .

En todo caso, estimo que se facilitaría el diálogo entre el CTBG y la Audiencia Nacional si la Ley atribuyese el conocimiento de los recursos contenciosos contra resoluciones del CTBG directamente, en única instancia, a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional y a las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia en el caso de los órganos de garantía autonómicos, pues ya la reclamación ante el órgano de garantía funciona materialmente como primera instancia [18] , siguiéndose el criterio ya ordenado en materia de recursos contractuales [19] .

BIBLIOGRAFÍA.

J. BELARRA (2018), «Los consejos de transparencia autonómicos en España: ¿marketing político o vectores de buen gobierno?», Revista Internacional de Transparencia e Integridad, núm. 6.

S. FERNÁNDEZ RAMOS (2009): El derecho de acceso a la información medioambiental, Monografía asociada a la Revista Aranzadi de Derecho Ambiental núm. 15, Aranzadi-Thomson, Cizur Menor.

S. FERNÁNDEZ RAMOS (2017), «La reclamación ante los órganos de garantía del derecho de acceso a la información pública», Revista General de Derecho Administrativo núm. 45.

S. FERNANDEZ RAMOS – J. Mª PÉREZ MONGUIÓ (2017), El Derecho al Acceso a la Información Pública en España, Aranzadi, p. 382.

E. GUICHOT (2014), «Ejercicio del derecho de acceso a la información pública y régimen de impugnaciones», en VV. AA, La Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Una perspectiva académica, CEPC, Madrid.

I. MARTÍN DELGADO (2016), «La reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: un instrumento necesario, útil y ¿eficaz?». Las vías administrativas de recurso a debate, Actas del XI Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, INAP, Madrid.

I. MARTÍN DELGADO (2018), «Análisis de la litigiosidad administrativa y contencioso-administrativa en materia de transparencia», Informe sobre la Justicia Administrativa 2018, Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa.

I. MARTÍN DELGADO (2018), «La configuración legal de los consejos autonómicos de transparencia: algunos riesgos para el ejercicio de su función de control», Dilemata, Revista Internacional de Éticas Aplicadas,27, 281-309

A. SENDÍN GARCÍA (2014), «El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno», Revista Jurídica de Castilla y León, núm. 33, Monográfico, Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno.

J. SIERRA (2018), «Una crítica al diseño de los organismos de garantía del derecho de acceso en las Comunidades Autónomas», Revista Jurídica de Castilla y León, núm. 45.




[1] Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Cádiz. Cuenta con cuatro sexenios de investigación y ha desarrollado una intensa actividad investigadora en materia de transparencia  y Buen Gobierno como antítesis a la corrupción. Es coautor (junto a José Mª Pérez Monguió) de las siguientes monografías en la prestigiosa editorial Thomson Reuters-Aranzadi: La imparcialidad en el procedimiento administrativo (2012), La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno (2014), El Estatuto de los Altos Cargos (2016), El derecho de acceso a la información pública en España (2017).

[2] Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, y su predecesora la derogada la Ley 38/1995, de 12 de diciembre, sobre el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente.

[3] Vid. S. FERNÁNDEZ RAMOS (2009): El derecho de acceso a la información medioambiental, Monografía asociada a la Revista Aranzadi de Derecho Ambiental núm. 15, Aranzadi-Thomson, Cizur Menor.

[4] Véase M. A. SENDÍN GARCÍA (2014), «El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno», Revista Jurídica de Castilla y León, núm. 33, Monográfico, Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno; J. BELARRA (2018), «Los consejos de transparencia autonómicos en España: ¿marketing político o vectores de buen gobierno?», Revista Internacional de Transparencia e Integridad, núm. 6; I. MARTÍN DELGADO (2018), «La configuración legal de los consejos autonómicos de transparencia: algunos riesgos para el ejercicio de su función de control», Ilemata, Revista Internacional de Éticas Aplicadas,27, 281-309; J. SIERRA (2018), «Una crítica al diseño de los organismos de garantía del derecho de acceso en las Comunidades Autónomas», Revista Jurídica de Castilla y León, núm. 45.

[5] El modelo de Comisión de Acceso a los Documentos Administrativos fue establecido en Francia, por la Ley 78-753 de 17 julio de 1978, y seguido por Portugal, Bélgica e Italia. Según la Ley francesa, «Elle (la CADA) émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d’un document administratif. Y «La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux» (art. 20). Por su parte, la Ley de Portugal 46/2007, de 24 de agosto, de Acceso a los Documentos Administrativos y su reutilización, vigente a fecha de la aprobación de la Ley estatal española, dispuso lo siguiente: «a CADA tem o prazo de 40 dias para elaborar o correspondente relatório de apreciação da situação, enviando -o, com as devidas conclusões, a todos os interessados. Recebido o relatório referido no número anterior, a entidade requerida comunica ao requerente a sua decisão final fundamentada, no prazo de 10 dias» -art.  15.5-.

[6] Así, p. ej., en el Informe trimestral de actividad del Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía, Tercer trimestre de 2018, se señala que el 30,7% de las solicitudes estimadas dan lugar a una declaración de terminación del procedimiento debido a que ha sido concedido el acceso a la información pública solicitada durante la tramitación de la reclamación (p. 5).

[7] Según los datos que ofrece la web del CTBG, a 30 de noviembre de 2018, el acumulado desde 2015, sumadas las resoluciones referentes a la Administración del Estado y las territoriales, ofrece como resultado que el 59 % de las solicitudes admitidas a trámite son estimadas por el CTBG (1438 resoluciones estimatorias). Véase:

https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Datos_actividades/Estadisticas2018.html

[8] I. MARTÍN DELGADO (2018), «Análisis de la litigiosidad administrativa y contencioso-administrativa en materia de transparencia», Informe sobre la Justicia Administrativa 2018, Centro de Investigación sobre Justicia Administrativa, p. 313, tras un estudio de medio centenar de contenciosos, ha puesto de manifiesto que en vía contencioso-administrativa es la Administración que posee la información quien se muestra más beligerante. «Una explicación a este cambio de tendencia radica en el coste que supone para el particular la vía contencioso-administrativa, no solo económico (tasas judiciales, abogado y procurador), sino también material (espera en torno a un año, como se verá más adelante, para tener sentencia), lo que conduce a que no sea rentable en términos coste-beneficio presentar recurso, salvo en supuestos muy concretos».

[9] Véase I. MARTÍN DELGADO (2016), «La reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno: un instrumento necesario, útil y ¿eficaz?». Las vías administrativas de recurso a debate, Actas del XI Congreso de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, INAP, Madrid, pp. 369-432; S. FERNÁNDEZ RAMOS (2017), «La reclamación ante los órganos de garantía del derecho de acceso a la información pública», Revista General de Derecho Administrativo núm. 45.

[10] A 30 de noviembre de 2018, frente a las 3.300 resoluciones dictadas por el CTBG desde 2015, sólo se habían interpuesto 108 recursos contencioso-administrativos, lo que supone aproximadamente un 3%. Véase:

https://www.consejodetransparencia.es/ct_Home/Actividad/Datos_actividades/Estadisticas2018.html

[11] P. ej., véase la sentencia del Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 11, de 5 de febrero de 2018, procedimiento ordinario 29/2017, que anula una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, cuestionando la actuación impugnada «al socaire de un pretendido “espíritu y letra de la propia norma».

[12] Sobre la necesidad de respetar las normas procedimentales se ha expresado I. MARTÍN DELGADO (2018), «La configuración legal de los consejos autonómicos de transparencia: algunos riesgos para el ejercicio de su función de control», op. cit., p. 293.

[13] SAN, sala de lo Contencioso Administrativo, Sección 7ª, de 17 de julio de 2017, rec. 40/2017: “sin que la eventual infracción del art. 19.3 de la Ley 19/2013 pueda servir de fundamento para prescindir posteriormente del trámite prevenido en el art. 24.3 de la indicada Ley.” Igualmente, la sentencia de la misma Sección 7ª, de 5 de febrero de 2018 (núm. Recurso 1/2018), y de 16 de octubre de 2018 de la (recurso de apelación 43/2018). Por su parte, en la sentencia de la misma Sala, Sección 4ª, de 18 de julio de 2018, sobre el Ministerio de Asuntos Exteriores (recurso de apelación n.º 12/2018), se afirma lo siguiente: «(…) lo que resulta indudable es que si la resolución denegatoria que es objeto de reclamación ante el Consejo encuentra fundamento en el compromiso de intereses de terceros (como es el caso, aunque no sea su único fundamento), el trámite de audiencia a estos resulta insoslayable cuando se interpone una reclamación frente a la denegación de acceso a la información, y, desde luego, su exigencia no resulta enervada por el pretendido incumplimiento por el órgano requerido de información de su obligación de oír a los concernidos por la información solicitada».

[14] Sentenciad el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 1 de 21 de marzo de 2018 (procedimiento ordinario 34/2017).

[15] Debe recordarse el precepto de la Ley 39/2015, de 1 octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, aplicable supletoriamente (art. 24.3 LTAIBG), según el cual «Los vicios y defectos que hagan anulable un acto no podrán ser alegados por quienes los hubieren causado» (art. 115.3).

[16] I. MARTÍN DELGADO (2018), «Análisis de la litigiosidad administrativa y contencioso-administrativa en materia de transparencia», Informe sobre la Justicia Administrativa 2018, op. cit., p. 312.

[17] I. MARTÍN DELGADO (2018), «Análisis de la litigiosidad administrativa y contencioso-administrativa en materia de transparencia», Informe sobre la Justicia Administrativa 2018, op. cit., p. 315, señala al respecto: «También se produce una situación en parte anómala en los supuestos en los que el Consejo entiende que la información no ha de ser facilitada al solicitante y, en contra del criterio mantenido por el Juzgado Central en primera instancia, presenta recurso de apelación, puesto que, aunque la finalidad de tales acciones está en defender y consolidar interpretaciones de la norma, produce el efecto indirecto de retardar el acceso a la información en los casos en los que finalmente la instancia judicial superior entiende que ha de prevalecer el derecho de acceso».

[18] Así, E. GUICHOT (2014), «Ejercicio del derecho de acceso a la información pública y régimen de impugnaciones», en VV. AA, La Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno. Una perspectiva académica, CEPC, Madrid, p. 73, propuso incluir el CTBG entre las entidades independientes de la disposición adicional 4ª 6 de la LJCA, de cuyos actos conoce directamente la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional.

[19] Como es sabido, la LJCA –arts. 10.1.l) y 11.1.f)- establece que corresponde a las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocer las resoluciones dictadas por los Tribunales Administrativos Territoriales de Recursos Contractuales, y a la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional conocer las resoluciones dictadas por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales. Véase S. FERNANDEZ RAMOS – J. Mª PÉREZ MONGUIÓ (2017), El Derecho al Acceso a la Información Pública en España, Aranzadi, p. 382.

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