Revista Española de la Transparencia. RET
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Núm. 8. Primer semestre 2019
ISSN 2444-2607. Págs. 19-28

Entrevista a Ana López Fernández

Fecha de entrevista: mayo de 2019

ANA LÓPEZ FERNÁNDEZ ha sido la directora de Comunicación de la Asociación Española de Profesionales de la Transparencia (ACREDITRA) y ha dirigido la Revista Española de la Transparencia desde sus inicios. Gracias a ella se ha conseguido posicionar esta Revista como un referente en la materia. Desde el pasado mes de marzo de 2019 ha cedido el testigo para centrarse en la actividad que actualmente desarrolla como directora de Comunicación en la Delegación del Gobierno en Andalucía.

Desde hace unos meses trabajas en el gabinete de comunicación de la Delegación del Gobierno en Andalucía. Un periodo intenso con varios casos muy mediáticos que han dado mucho que hablar en el panorama informativo nacional, en el que vuestra labor ha sido valorada muy positivamente precisamente por su transparencia. ¿Consideras que éste es un valor transversal a toda la función comunicativa de las instituciones públicas, más allá de lo meramente relacionado con el gobierno abierto?

Cuando llegué hace poco más de 10 meses a la Dirección de Comunicación de la Delegación del Gobierno de España en Andalucía, tenía claro que la perspectiva con la que enfocaría la comunicación sería la transparencia, en realidad, en línea con la política de comunicación que se estaba marcando desde el Gobierno de la Nación en el que, como se ha comprobado, tanto el presidente como los ministros, como la de Empleo, Magdalena Valerio, actúan precisamente bajo esa premisa: decir la verdad de lo que se piensa “aunque te metan un gol”.

En esta responsabilidad he tenido que manejar casos policiales y sucesos de gran relevancia social, como el asesinato de Laura Luelmo, en los que la gestión de la información resulta clave para proteger los derechos de los afectados. Pero, sin duda, el más relevante ha sido el rescate de Julen en Totalán. Gracias a la gestión de la información con transparencia, regularidad y profesionalidad que hicimos desde las instituciones públicas de todo lo que pasó allí, el caso, a pesar de su fatal desenlace, sirvió para mostrar al mundo una imagen positiva de nuestro país y del esfuerzo de todos los que estuvieron volcados en el rescate, pero sobre todo, para frenar los rumores y las filtraciones que estaban dañando a la familia, a su entorno y a la memoria del pequeño. La inmigración también ha sido una de mis principales preocupaciones y, desde el primer momento, he venido trabajando con el Colegio de Periodistas de Andalucía para firmar el primer protocolo que permita garantizar el derecho a la información de los medios de comunicación pero también el respeto del derecho al honor y la intimidad de las personas migrantes que cada día llegan arriesgado su vida buscando una vida mejor a nuestros costas.

Esta nueva etapa profesional te hace dejar las riendas de la Revista Española de la Transparencia (RET). ¿Qué balance general haces de estos años al frente de la primera publicación periódica sobre transparencia en España?

Cuando desde Acreditra se toma la decisión de poner en marcha la RET, todo el mundo miró hacia mí como periodista, para asumir la dirección de la revista. No cabe duda de que entonces no teníamos conciencia de que la aventura acabaría siendo de tanto nivel, tanto prestigio y -sobre todo- de tanta utilidad, para las personas dedicadas a este ámbito. RET empezó como un proyecto ilusionante de un grupo de personas que, por encima de todo, necesitaban contribuir a que la transparencia no fuera solo una buena intención, si no que traspasara otros ámbitos y sirviera de punto de encuentro para todos aquellos con nuestras mismas inquietudes. Hoy día podemos decir que se ha conseguido gracias al trabajo de todos los socios de la red y el empeño de personas como Fran Delgado y sus magníficas portadas, Fran López, Javier Sierra, Juan Carlos G. Melián, Rafa Ayala, Rafa Camacho, Joseba Egia, Pablo Conejo, Cuca Sacristán y tantos otros que, desde la disposición permanente y el trabajo desinteresado, sin ningún tipo de ayuda económica, hemos conseguido involucrar a los principales referentes el ámbito de la transparencia, la participación, el gobierno abierto de España en la Revista Española de Transparencia.

¿Cómo fueron los inicios de la RET?

El primer número de la revista se presentó en la Facultad de Ciencias de la Información de Sevilla donde yo había estudiado. Apenas 20 personas asistieron, entre ellas alguien que siempre nos apoyó y que tanto ha destacado y al que agradezco su ayuda, como el profesor Manuel Sánchez de Diego. Después de ese número 0, llenábamos los auditorios cada vez que presentábamos un nuevo número de la revista. Nunca hemos faltado a esa cita.

¿Recuerdas algún artículo, pieza, autor o incluso momento de estos años que te haya gustado o sorprendido especialmente, o que creas que es particularmente relevante por su impacto?

El artículo que con más cariño y a la vez congoja recuerdo es la entrevista que le hicimos a Esther Arizmendi, que desde el principio nos apoyó y nos cautivó con su entusiasmo. “Te brillan los ojos”, me decía, “eso es porque de verdad te gusta lo que haces”. Su fallecimiento fue muy triste, aunque su impulso fue decisivo para el avance de la difusión del derecho de acceso a la información pública, de la publicidad activa, de la integración de todos los que estábamos dispersos trabajando en estos temas en nuestro país. Es de agradecer también las colaboraciones de Emilio Guichot o de Severiano Fernández Ramos y de otros tantos que, a pesar de que la revista aún no tenía valor académico, nunca dejaron de acudir a nuestras llamadas.

Pensando en la posible influencia en representantes y empleados públicos y en la propia sociedad, ¿qué valor tienen publicaciones como la RET?

Sin duda esa es una asignatura pendiente, la difusión de RET entre los representantes y empleados públicos. Desde luego para nada RET tiene difusión entre la sociedad. De hecho, confío en que los compañeros que me han dado el relevo trabajen precisamente en llegar a acuerdos con la Administración y los Órganos de Control para que la revista llegue hasta los despachos de todos los empleados públicos que tienen la responsabilidad cada día, no ya sólo de aplicar la ley, sino de crear una cultura de transparencia dentro de las organizaciones y entidades públicas, al menos en primera instancia. De hecho, siempre me planteé muy en serio el aspecto divulgativo de la RET, asequible para todos los públicos, para que no se quedara en el endogámico mundo académico y de los expertos.

¿Crees que las administraciones públicas están sabiendo comunicar la transparencia? ¿Es la comunicación una de las patas débiles del gobierno abierto? ¿Puede existir transparencia sin una comunicación clara?

Es cierto que cuando me aproximé a la transparencia como periodista pensaba que desde la comunicación el ámbito de trabajo era enorme. Sin embargo, enseguida me dí cuenta de que, como otras muchas materias, la transparencia estaba sobre todo del lado de lo jurídico y se olvidaba de la comunicación. Portales de transparencia cargados de información sobre los que apenas se comunicaba, era una paradoja. Los datos no son información, alguien tiene que interpretarlos y esa labor sin duda corresponde a los periodistas. Hay una segunda fase pendiente que consiste “vender” el contenido, como otras tantas políticas públicas, en explicar para qué sirve todo eso, para qué es útil al ciudadano, cuánto se ha avanzado desde la primera ley de transparencia. No se puede limitar sólo a que los periodistas utilicen los portales de datos abiertos o el derecho de acceso para preguntar cosas que hasta ahora estaban ocultas, sino que las administraciones tienen que ser proactivas y comunicar las iniciativas que se toman. Pero eso solo es posible desde el convencimiento de que no solo se trata de cumplir la ley, de cubrir el expediente, sino de empoderar a la ciudadanía para que, gracias al conocimiento de sus derechos y también de sus deberes se logre una sociedad más consciente, más participativa en política, más capaz de pedir rendición de cuentas, lo que sin duda redundará en la calidad de la democracia, en la mejora de la percepción de la clase política y en la capacidad de los gobernantes para llevar a cabo sus proyectos. En esta sucesión de elecciones en las que hemos estado inmersos estos últimos meses, ha sido muy relevante observar cómo los ciudadanos eran incapaces evaluar el cumplimiento de las promesas electorales, o de discernir si el representante político estaba diciendo o no la verdad. Eso tiene que acabar, tiene que haber una manera de conseguir que el ciudadano pueda comprobar un dato, una promesa, una iniciativa, la aplicación de una política, sin tener que confiar en la capacidad de persuasión o la credibilidad un político para transmitir la verdad.

Las redes sociales son un elemento comunicativo de primer orden en nuestro tiempo. ¿Cómo crees que deben usarlas las administraciones públicas para difundir los valores, principios y beneficios del gobierno abierto?

Las redes sociales no son más que instrumentos, son nuevos canales de comunicación que permiten llegar a más gente de forma más rápida e instantánea, sin intermediarios, pero lo importante es el contenido y la adaptación de éste al público al que va dirigido. Si no hay verdadera utilidad el ciudadano no seguirá las cuentas institucionales aunque bombardeemos a tweets.

Y más en concreto, ¿crees que es mejor un único perfil institucional desde el que se difunda el gobierno abierto como una política pública más, o un perfil exclusivo para estas cuestiones?

Ambas cosas no son incompatibles. Para los que estén especializados o tengan más interés en cuestiones más complejas sobre el gobierno abierto no veo por qué no puede haber un perfil específico. Lo importante en adaptarse al público que frecuenta esa red. Una imagen en Instagram, un vídeo en twitter o una infografía en Facebook valen más que mil palabras.

En su concepción más clásica, el periodismo es un pilar fundamental para el control del poder, y en los últimos tiempos se ha dotado de herramientas para ahondar en ese concepto y ampliar las líneas de investigación, como por ejemplo el periodismo de datos (data driven journalism), así como la aparición de nuevas tendencias en el sector destinadas al control de la información, tanto de partidos y políticos como de medios de comunicación, como la lucha contra las noticias falsas (fake news). ¿Qué potencial tienen estas tendencias para la mejora de la transparencia y la difusión del gobierno abierto?

Su potencial lo hemos podido vivir en estas últimas elecciones. Iniciativas en la lucha contra las fake news como Maldito Bulo, los verificadores de mentiras de la RTVE o de El País tras los debates o la herramienta del mapa de transparencia (TJ Tool) de Diario Público entre otras muchas iniciativas, son absolutamente fundamentales. Sin embargo, hay una cosa muy importante aún que hacer y es que el periodismo tiene que tomar conciencia de que la gran cantidad de información que poseen las administraciones públicas son propiedad de los ciudadanos y pueden acceder y utilizarlos para proporcionar una información más completa a los ciudadanos. Creo que el potencial de los datos abiertos es inmenso, va a generar una gran cantidad de recursos, pero además va a ser muy útil para las propias administraciones públicas que pierden gran parte de su tiempo en manejar enormes volúmenes de datos que no han sido compartidos y que representan un valioso catálogo de experiencias y conocimientos que pueden ser puestos a disposición de otros responsables públicos.

Y para finalizar, desde tu perspectiva de observadora y comunicadora, ¿cómo valoras los avances de estos últimos años en materia de transparencia y gobierno abierto en España?

En los últimos años la efervescencia de la transparencia parecía evocar una suerte de euforia contra la corrupción y a favor de la limpieza democrática que se ha demostrado ineficaz. Siguen siendo los tribunales, algunos periodistas de investigación o la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, los que destapan los casos de corrupción pero no veo una relación causa-efecto con los avances legislativos. Lamentablemente, hemos tenido una época de parón enorme en los últimos años porque los ciudadanos estábamos más preocupados de cómo sobrevivir con 1.000 euros.

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