Transparencia, acceso a la información y secreto

Observaciones sobre un problema central y persistente

Resumen

Tras una década de vigencia, la Ley española de transparencia no ha cumplido las expectativas de regeneración democrática ni ha reducido claramente la corrupción, en parte porque la ciudadanía no ha incrementado su demanda de información pública. Un problema central es la persistencia del secreto en la esfera pública, arraigado en tradiciones históricas del Estado que apenas han cambiado con el constitucionalismo. En España, la Ley de Secretos Oficiales de 1968 sobrevivió casi intacta a la transición, creando una anomalía jurídica. La clasificación de información ha dependido de decisiones amplias del Consejo de Ministros y de leyes posteriores surgidas tras escándalos, que introdujeron controles parlamentarios y judiciales débiles. La Ley de Transparencia de 2013 tampoco corrigió esta situación, pues el régimen de secretos sigue prevaleciendo. Los repetidos intentos de reforma han fracasado. Pese a ello, desde agosto de 2025 se tramita un nuevo proyecto de ley que introduce definiciones amplias de información, criterios de proporcionalidad, límites por derechos humanos y plazos de desclasificación. Asimismo, el proyecto prevé mejoras en los controles judiciales y parlamentarios, aunque con importantes carencias, especialmente respecto al acceso real a las decisiones de clasificación y su supervisión.